El proceso de contratación de los servicios de ambulancias de Soporte Vital Básico y Transporte Sanitario Programado y Concertado del País Vasco ha quedado sin efecto después de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de Euskadi haya estimado los recursos presentados por los sindicatos ESK y LAB contra los pliegos elaborados por el Departamento de Salud. El organismo considera que la Administración no ha justificado suficientemente por qué los medios propios del sistema sanitario público no pueden asumir directamente estas prestaciones.
La licitación contemplaba dos contratos para gestionar el transporte sanitario urgente y no urgente, con un presupuesto conjunto de alrededor de 650 millones de euros para un periodo inicial de cuatro años y la posibilidad de ampliar su duración mediante prórrogas de hasta tres años más. El importe global previsto para el conjunto del periodo contractual se había situado en torno a los 1.400 millones de euros.
Los sindicatos ELA, LAB, USO y ESK habían cuestionado los pliegos al considerar que vulneraban la normativa vigente. También presentó un recurso la Asociación de Empresas del Transporte Sanitario. En concreto, ESK y LAB interpusieron sus impugnaciones el pasado mes de julio, cuestionando la decisión del Gobierno Vasco de recurrir a la gestión privada para prestar un servicio público esencial.
El OARC cuestiona la falta de justificación de la externalización
En su resolución, el organismo contractual señala que el Departamento de Salud no ha acreditado la insuficiencia de medios propios ni ha explicado por qué no sería posible reorganizar los recursos disponibles para asumir directamente el servicio.
Por su parte, el sindicato ESK había argumentado en su recurso que el Departamento de Salud no había acreditado los requisitos legales para recurrir a la contratación externa. El sindicato también cuestionaba que el expediente careciera de un análisis de eficiencia y sostenibilidad y de una comparación entre el coste de la gestión indirecta y el de una eventual prestación directa por parte de Osakidetza.
La central sindical sostenía, además, que el transporte sanitario urgente constituye una red pública plenamente integrada en el sistema de Osakidetza y que la externalización introduce un intermediario entre la Administración y los trabajadores. También cuestionaba la estructura económica de los contratos, al considerar que aproximadamente el 15% del presupuesto se destinaría a gastos generales, estructura empresarial y beneficio industrial de las adjudicatarias.
Por su parte, LAB ha destacado que la resolución respalda su argumento central sobre la falta de acreditación de los motivos por los que el sistema sanitario público no puede asumir directamente el servicio. El sindicato considera que la decisión del Departamento de Salud de externalizar estas prestaciones responde a una apuesta política y no a limitaciones técnicas u organizativas. Por ello, ha reclamado que se renuncie a elaborar nuevos pliegos para mantener la privatización y se abra una vía para la gestión pública.
Los problemas de La Pau, un antecedente del nuevo concurso
La contratación del transporte sanitario en Euskadi arrastra un historial de conflictos, especialmente durante la etapa en la que la empresa La Pau prestaba el servicio en Bizkaia. Durante ese periodo se registraron numerosas incidencias, entre ellas retrasos en los traslados y problemas en el pago de las nóminas. Algunos trabajadores todavía tendrían pendientes de cobrar cantidades cercanas a los 2.000 euros.
La situación de la compañía, con sede en Badalona, desembocó en un procedimiento concursal en el que también se ha personado el Gobierno Vasco. El Ejecutivo reclama alrededor de 13 millones de euros para hacer frente a los pagos pendientes con la plantilla y recuperar las cantidades correspondientes a las sanciones impuestas a la empresa por incumplimientos del contrato, entre otros conceptos.
Precisamente, uno de los objetivos de la nueva licitación era reforzar los mecanismos de control y penalización para evitar que se repitieran situaciones similares. Los pliegos contemplaban sanciones económicas para las adjudicatarias en caso de incumplir los tiempos establecidos para los traslados programados, con especial atención a pacientes oncológicos, personas en tratamiento de diálisis, pacientes con ELA y otros colectivos especialmente vulnerables.
El sistema de penalizaciones podía alcanzar los 631.100 euros mensuales en caso de acumularse un número elevado de retrasos y reclamaciones.
Un contrato de mayor cuantía que las adjudicaciones anteriores
El nuevo concurso planteaba un presupuesto notablemente superior al de anteriores convocatorias. En 2023, el Departamento de Salud adjudicó los servicios de transporte sanitario urgente y programado por 282 millones de euros para un periodo de tres años, lo que suponía una media de 94 millones anuales.
Sin embargo, a finales de 2024, tras la salida de La Pau, el Gobierno Vasco tuvo que recurrir a un procedimiento de emergencia para garantizar la continuidad de las prestaciones. Mediante esta fórmula, asignó nuevamente los servicios por 110 millones de euros durante 14 meses, un contrato que posteriormente fue prorrogado.
La anulación de la nueva licitación obliga ahora al Departamento de Salud a replantear el procedimiento de contratación y la fórmula de gestión de los servicios de ambulancias en Euskadi.
Imagen: Gobierno Vasco