El Gobierno vasco se ha personado en el concurso de acreedores de la empresa de ambulancias Grup La Pau y reclama a la cooperativa catalana una deuda de 13,6 millones de euros derivada de la gestión del transporte sanitario de Osakidetza entre enero de 2020 y finales de 2024. La Administración autonómica busca recuperar parte del coste económico que tuvo que asumir tras los reiterados incumplimientos contractuales y laborales de la compañía, tal y como informa elDiario.es.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo remitieron el pasado 15 de julio un escrito al Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, encargado del procedimiento concursal de la empresa con sede en Badalona, para personarse en el proceso en defensa del crédito que mantiene frente a la compañía.
Nueve millones de euros de la deuda son por gastos de personal no pagados
Según la documentación presentada ante el juzgado, la deuda reclamada asciende a 13,6 millones de euros. La mayor parte, nueve millones, corresponde a gastos de personal que el Departamento de Salud tuvo que asumir para garantizar el pago de salarios y la continuidad de un servicio esencial. A esta cantidad se suman 1,6 millones por sentencias y reclamaciones judiciales pendientes, cerca de un millón por penalizaciones derivadas de incumplimientos del contrato, 1,2 millones en liquidaciones complementarias a la Seguridad Social y otros importes relacionados con multas, alquileres y diversas obligaciones económicas.
La situación se agravó especialmente durante 2024, cuando La Pau dejó de abonar la paga extraordinaria de verano a su plantilla y acumuló impagos de complementos salariales y prestaciones durante periodos de incapacidad temporal. Estas incidencias dieron lugar a numerosas reclamaciones judiciales de los trabajadores. Al figurar el Departamento de Salud como responsable solidario, los juzgados de lo Social están condenando al Gobierno vasco a hacerse cargo de esas cantidades. Hasta el momento, la Administración ya ha adelantado más de 141.000 euros por estas resoluciones y prevé asumir el resto de las indemnizaciones que se vayan resolviendo.
Hasta 55 actas de la Inspección de Trabajo por diferentes infracciones
Durante los casi cinco años en los que prestó el servicio de ambulancias urgentes y programadas en Bizkaia y Álava, Grup La Pau acumuló un largo historial de incumplimientos. La empresa recibió 55 actas de la Inspección de Trabajo por diferentes infracciones, entre ellas los reiterados retrasos en el pago de las nóminas, y fue sancionada por destinar ambulancias contratadas por Osakidetza a la prestación de servicios privados.
Ante esta situación, el Gobierno vasco decidió rescindir de forma anticipada los contratos con la empresa a finales de 2024 y recurrió a contratos de emergencia para garantizar la asistencia sanitaria. Ambulancias Gipuzkoa asumió temporalmente el servicio en Álava, mientras que en Bizkaia se adjudicó a Bizkanb, una unión temporal de empresas integrada por Sanir, la división sanitaria de Alsa, y Baztan-Bidasoa. Posteriormente, el Ejecutivo inició una licitación ordinaria para estabilizar definitivamente el servicio.
Pese a los avales y garantías constituidos durante la vigencia de los contratos, cifrados finalmente en 8,9 millones de euros, el Ejecutivo considera que esa cantidad resulta insuficiente para cubrir el perjuicio económico ocasionado, superior a los 13,6 millones que ahora reclama en el procedimiento concursal.
Grup La Pau entró oficialmente en concurso de acreedores el pasado mes de junio, un desenlace que ya se intuía durante sus últimos meses como adjudicataria del servicio de ambulancias de Osakidetza. El procedimiento se tramita en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, bajo la administración concursal de Jordi Albiol.
