El Gobierno vasco deberá hacerse cargo de cerca de un millón de euros en salarios pendientes de pago a los trabajadores de las ambulancias de La Pau. El Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria ha dado la razón al sindicato ESK, que llevó el caso a los tribunales para reclamar las nóminas adeudadas a los empleados de la compañía, tal y como informa El Correo.
Durante los casi cinco años en los que prestó el servicio de ambulancias urgentes y programadas en Bizkaia y Álava, Grup La Pau acumuló un largo historial de incumplimientos. La empresa recibió 55 actas de la Inspección de Trabajo por diferentes infracciones, entre ellas los reiterados retrasos en el pago de las nóminas, y fue sancionada por destinar ambulancias contratadas por Osakidetza a la prestación de servicios privados.
Ante esta situación, el Gobierno vasco decidió rescindir de forma anticipada los contratos con la empresa a finales de 2024 y recurrió a contratos de emergencia para garantizar la asistencia sanitaria.
La resolución judicial establece que el Gobierno vasco debe responder por los salarios que la empresa dejó pendientes, al ser la Administración responsable última de un servicio público que había externalizado. Según fuentes de ESK, los impagos afectan a cerca de 400 extrabajadores de La Pau en Bizkaia y Álava.
El nuevo contrato de ambulancias, pendiente de resolución
La situación se produce, además, en un contexto de controversia sobre la contratación del transporte sanitario en Euskadi. ESK es uno de los sindicatos que ha recurrido ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) el nuevo contrato de ambulancias licitado por el Departamento de Salud. El procedimiento permanece suspendido a la espera de la resolución de este organismo.
La central sindical también ha solicitado a la Consejería de Salud que justifique los motivos por los que opta por externalizar el servicio en lugar de prestarlo con medios propios. ESK defiende que la gestión directa podría resultar más económica y mejorar el funcionamiento del transporte sanitario, una posición que respalda con un informe económico presentado ante el OARC.
La resolución sobre los salarios pendientes de La Pau y la controversia en torno al nuevo contrato sitúan de nuevo en el centro del debate la gestión del transporte sanitario vasco, las condiciones laborales de sus profesionales y las responsabilidades de la Administración cuando las empresas adjudicatarias incumplen sus obligaciones.
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