Digital Newsletter (660x110)
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Compartir:
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Google+
  • Compartir en LinkedIn

Tras el incendio del día 11 de enero en la sede de los juzgados de Primera Instancia nº 5 y de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz, la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente emitieron un comunicado lamentando “que no se activara ningún sistema de alarma y/o de detección de incendios”.

En el escrito, los jueces han exigido a la Comunidad una mejora de las infraestructuras de los Juzgados tras el incendio que afectó el 11 de enero al de Torrejón de Ardoz, cuyo origen puede ser la falta de mantenimiento del edificio.

El comunicado, que critica el estado que presentan los Juzgados, asegura que “la calamitosa situación de esta sede ha sido denunciada con reiteración desde hace años (…) sin que la Comunidad de Madrid, responsable del estado, mantenimiento y conservación de los edificios judiciales, haya realizado la mínima actuación para evitar episodios como el que lamentablemente se ha producido”.

Entre otros problemas, en el escrito figuran la no activación de la alarma contra incendios, la falta de salidas de emergencia o el hecho de que las puertas de emergencia estén cerradas con llaves, así como que todas las ventanas del edificio tengan rejas: “De haberse propagado el fuego con rapidez, todos cuantos estaban allí hubiesen quedado atrapados, y hoy nos estaríamos lamentando de una auténtica tragedia”, continúan los jueces

Por todo ello, y con independencia del resultado de las actuaciones que se lleven a cabo por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, los jueces exigen a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid “que de forma inmediata realicen las labores necesarias para garantizar que el funcionamiento del edificio judicial no suponga un riesgo, claramente previsible y que ha podido constatarse, para quienes trabajan en el mismo y el público que accede diariamente. Y que esta actuación se realice con la urgencia que las circunstancias requieren”.

  • Compartir:
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Google+
  • Compartir en LinkedIn