En enero de este año, publicamos en Servicios de Emergencia una noticia sobre la victoria de los bomberos de la Comunidad de Madrid en la batalla legal contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. En aquel momento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a los profesionales después de que denunciaran el desvío de 38 millones de euros que deberían haberse destinado exclusivamente al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios durante cinco años -entre 2019 y 2023-.
El Sindicato de Bomberos alegó que el dinero de esta contribución, recaudada por Unespa, “se derivó a partidas desconocidas o a gastos corrientes de otros servicios de emergencias, como gastos de renting que no tienen nada que ver con el servicio”.
En la sentencia emitida el 11 de noviembre, el TSJM afirmó que la Comunidad de Madrid estaba infringiendo la ley al no destinar el dinero en exclusiva a la mejora del servicio de bomberos. Además, el fallo declaró la obligación del Ejecutivo regional de “destinar única, exclusiva e íntegramente a inversiones reales en su Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento la totalidad de los ingresos que esa Administración obtiene mediante la contribución especial”.
El TSJM vuelve a dar la razón a los bomberos
Ahora, el incendio de la Sierra Oeste de Madrid ha reavivado la polémica. El tema vuelve a estar de plena actualidad por dos motivos: el primero es que la Comunidad de Madrid anunció hace apenas unos días una inversión de 38 millones de euros “para adquirir 36 nuevos vehículos de bomba rural pesada destinados al Cuerpo de Bomberos regional”. El segundo es que El TSJM ha ratificado la sentencia de enero, volviendo a dar la razón a los bomberos. Según ha informado elplural, los magistrados concluyen que el Gobierno está obligado a destinar de forma íntegra la recaudación que obtuvo con la denominada “contribución especial de servicio de bomberos” a inversiones reales en el servicio de bomberos.
La Comunidad de Madrid se defiende
El Gobierno de la Comunidad de Madrid defendió que los sindicatos no tienen legitimidad para reclamar a qué se destinan los presupuestos autonómicos. El TSJM, por su parte, rechaza su alegación y afirma que los representantes sindicales sí tienen potestad, pues la manera en la que se invierten los recursos condiciona directamente sus condiciones de trabajo y la calidad del servicio que representan.
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico trató de convencer al TSJM de que el precedente fijado en un caso prácticamente idéntico, resuelto en Asturias, no podía aplicarse en Madrid. Su defensa se basaba en que la normativa madrileña era distinta y permitía una interpretación más amplia sobre el destino de esos fondos.
El Tribunal Supremo estima íntegramente el recurso de los sindicatos
Pero el TSJM no comparte esa visión. Tras comparar ambas regulaciones, concluye que las diferencias señaladas por la Comunidad no cambian ni la naturaleza de esta contribución especial ni el objetivo para el que fue creada. En otras palabras, aunque Asturias y Madrid tengan leyes propias, el dinero recaudado mediante este mecanismo persigue la misma finalidad y, por tanto, debe destinarse del mismo modo. Por eso, la Sala adopta el criterio ya fijado por el Tribunal Supremo y concluye que esos ingresos solo pueden emplearse en inversiones reales para mejorar el servicio de bomberos.
Con ese razonamiento, la sentencia estima íntegramente el recurso presentado por los sindicatos y obliga a la Comunidad de Madrid a destinar toda la recaudación obtenida a través de esta contribución especial a inversiones reales. Además, ordena que las cantidades recaudadas entre 2019 y 2023 que no se hubieran utilizado con ese fin pasen ahora a invertirse en la mejora del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.
Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no aceptó ese criterio y recurrió la sentencia dictada en enero. La Justicia, no obstante, ha vuelto a dar la razón a los bomberos. El TSJM ha rechazado de nuevo los argumentos de la Comunidad y ha confirmado íntegramente su resolución, reforzando así la doctrina que el Tribunal Supremo ya había establecido.
Una inversión de 38 millones de euros que podría ser coincidente
Por todo lo anterior, que la Comunidad de Madrid anunciara el pasado 15 de julio una inversión de 38 millones de euros (cantidad similar a la del desvío) en nuevos vehículos bomba rural pesada para el Cuerpo de Bomberos regional ha levantado sospechas en los medios digitales.
El Gobierno autonómico no menciona en la nota de prensa oficial sobre la renovación de la flota la sentencia del TSJM, por lo que no está confirmado que los 38 millones de euros que se emplearán en nuevos vehículos sean los mismos que no se invirtieron en mejorar el servicio. Sea por obligación tras la sentencia, o sea por una coincidencia, de igual manera “ASEM112incrementará el número de vehículos para cumplir con el objetivo de disponer de dos de ellas en cada uno de los 22 parques de bomberos distribuidos estratégicamente por toda la región. El contrato prevé un plazo de ejecución de 36 meses para su suministro”, tal y como puede leerse en la web oficial de la Comunidad de Madrid.
Imagen: Comunidad de Madrid
