Ante la situación de concurso de acreedores del Grup La Pau, empresa adjudicataria junto con Direxis de uno de los principales lotes del contrato de transporte sanitario de Catalunya, CCOO de Catalunya ha expresado “su preocupación por los efectos que esta situación puede tener sobre los cientos de profesionales que actualmente forman parte de la plantilla de la cooperativa” a través de un comunicado.
Para CCOO, la prioridad absoluta debe ser la protección de los puestos de trabajo y derechos laborales de todas las personas afectadas. En este sentido, el sindicato exige que se garantice la subrogación íntegra de la plantilla en las condiciones previstas por la normativa laboral y el convenio colectivo aplicable, sin pérdida de derechos, antigüedad ni condiciones económicas.
CCOO recuerda que Direxis ha presentado una oferta para asumir los activos del Grup La Pau e incorporar a los 484 trabajadores necesarios para la prestación del servicio, asumiendo también el coste derivado de la subrogación laboral. El sindicato considera que esta operación debe ir acompañada de garantías jurídicas y laborales suficientes para que “la plantilla no se convierta en la principal víctima de una situación empresarial ajena a su responsabilidad”.
El sindicato destaca que “los profesionales del transporte sanitario han demostrado durante años su compromiso con un servicio esencial para la ciudadanía”. Por eso, no pueden ser ellos quienes asuman “las consecuencias de una mala gestión empresarial ni de las dificultades financieras que han acabado llevando al Grup La Pau a esta situación”.
Exigen la revisión de los mecanismos de adjudicación
Asimismo, CCOO considera que este caso pone de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos de control y supervisión en la contratación pública. “Resulta especialmente preocupante que una empresa que acumulaba importantes dificultades económicas desde hacía tiempo terminara formando parte de la adjudicación de un contrato público de gran magnitud económica y social”, explican. Varias informaciones apuntaban ya a una situación financiera de la empresa deficitaria. Durante el proceso de adjudicación, la propia Junta Consultiva de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña emitió un informe desfavorable y advertía de un capital neto negativo de 646.652 euros. Por último, el SEM consideró que la empresa cumplía con los requisitos exigidos.
CCOO reclama al SEM ya los organismos responsables de la contratación pública que refuercen los mecanismos de evaluación de la solvencia económica, financiera y operativa de las empresas licitadoras, especialmente “cuando se trata de servicios públicos esenciales que movilizan a cientos de millones de euros y afectan a miles de personas usuarias y trabajadoras”. El contrato adjudicado a la UTE formada por La Pau y Direxis es el de mayor dotación económica del sistema de transporte sanitario catalán, con un valor superior a los 381 millones de euros.
Desde CCOO de Catalunya, afirman que seguirá de cerca la evolución de este proceso y trabajará, en coordinación con la representación legal de los trabajadores, para que se garanticen todos los derechos laborales de la plantilla y la continuidad de un servicio esencial para la ciudadanía.
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