Alrededor de 950 bomberos forestales de Castilla y León no acudieron el jueves a las labores de extinción de incendios después de que Asemfo, la Asociación de Empresas Forestales de España decidiera interrumpir el trabajo ante la «absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa», tal y como ha informado la agencia de noticias Europa Press.
Esta decisión se debe a una situación “límite e insostenible”, que llega después de más de un año de “requerimientos ignorados” por el ejecutivo autonómico. Asemfo recuerda que lleva desde marzo de 2025 reclamando de forma reiterada el cumplimiento de las condiciones mínimas, necesarias para que los profesionales operen con seguridad. A esto se suma “la campaña de acoso y derribo” por parte de la Inspección de Trabajo.
Todo lo anterior se traduce en una “inseguridad jurídica absoluta, con sanciones continuas por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios», explican desde Asemfo. La asociación advierte que las empresas se ven «atrapadas entre dos criterios incompatibles que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales».
A pesar de las denuncias, Asemfo asegura que la Junta de Castilla y León solo ha respondido con “silencio e inacción”, en una actitud «irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial».
“Una situación insostenible”
Asemfo ha señalado que la Inspección interpreta la actividad de las empresas como una labor habitual y no como una situación de emergencia, por lo que entiende que no se acoge a las excepciones contempladas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.
La organización asegura que “la situación es insostenible” y reclama a las administraciones que unifiquen criterios sobre la interpretación de la normativa y el sentido común.
Asimismo, ha criticado el “desmantelamiento” de la participación privada en las tareas de extinción de incendios y su sustitución por la empresa pública Tragsa, al considerar que esta decisión “no mejora el operativo” y provoca “importantes perjuicios” para los trabajadores. Según Asemfo, en estos casos no se están respetando derechos recogidos en la Ley del Bombero Forestal, como la subrogación o la conservación de las condiciones laborales.
La retirada responde a la imposibilidad “real” de desarrollar el trabajo
La asociación también ha defendido que la prioridad debe centrarse en garantizar “un servicio de calidad”, independientemente de si la gestión es pública o privada. Además, ha subrayado que la retirada de las labores de extinción de incendios forestales no pretende ejercer presión, sino que responde a la imposibilidad “real” de desarrollar el trabajo con garantías de seguridad jurídica.
Finalmente, Asemfo ha advertido de que, tras más de 35 años de colaboración continuada con el operativo de incendios, las empresas forestales consideran que la Administración ha roto las bases mínimas de confianza y funcionamiento, por lo que han reclamado una respuesta “urgente, concreta y verificable”.
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