El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Huelva, Rubén Rodríguez, ha dado a conocer la moción que elevará al pleno, centradas en la defensa de los servicios públicos.
En la referente a la alarmante situación del transporte sanitario, el Grupo Socialista exige frenar la privatización por parte de Moreno Bonilla de este servicio público y que se apoye al consorcio onubense de ambulancias. Así, Rubén Rodríguez ha expresado la “profunda preocupación del Grupo Socialista ante la reciente adjudicación de este transporte sanitario de Huelva, una decisión que deja fuera al consorcio onubense de ambulancias, integrado por cinco empresas de la provincia y que han venido prestando este servicio durante más de 30 años”.
«La adjudicación afecta a más de 350 familias onubenses»
El diputado socialista ha señalado que “esta adjudicación, vinculada a un fondo de inversión, afecta directamente a más de 350 familias onubenses, cuyos trabajadores se encuentran en una situación de gran incertidumbre laboral”.
“Asimismo, -ha proseguido- supone la exclusión de pequeñas y medianas empresas locales en favor de grandes estructuras empresariales, debido a la aplicación de criterios económicos que no se ajustan a la realidad del sector ni al volumen de la prestación del servicio”.
Rubén Rodríguez ha advertido de que esta actuación “representa un nuevo paso hacia la privatización de la sanidad pública, poniendo en riesgo la calidad del transporte sanitario, especialmente en los municipios rurales”. En este sentido, ha alertado de posibles consecuencias “como el deterioro en los tiempos de respuesta y la cobertura del servicio, pudiendo derivar en situaciones de riesgo para la ciudadanía, particularmente en casos de emergencias graves como ictus o infartos”.
Del mismo modo, ha subrayado la preocupación de que este modelo pueda implicar, directa o indirectamente, un encarecimiento del servicio o una pérdida de su carácter universal y público. Por ello, la moción plantea instar a la Junta de Andalucía a revisar el procedimiento de adjudicación, garantizando criterios que prioricen la calidad del servicio, el arraigo territorial y la estabilidad laboral; paralizar el proceso de privatización hasta que se evalúen sus consecuencias sociales, laborales y asistenciales; reconsiderar la inclusión del consorcio onubense; garantizar la continuidad laboral de los más de 350 trabajadores y trabajadoras afectados y asegurar un servicio público de calidad con criterios de transparencia”.
Imagen: Junta de Andalucía
