Los bomberos de la Comunidad de Madrid han ganado la batalla legal después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les haya dado la razón. El motivo de la denuncia contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha sido el desvío de 40 millones de euros que deberían haberse destinado exclusivamente al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios durante cinco años -entre 2019 y 2023-. El Sindicato de Bomberos alega que el dinero de esta contribución, recaudada por Unespa, “se deriva a partidas desconocidas o a gastos corrientes de otros servicios de emergencias, como gastos de renting que no tienen nada que ver con el servicio”, tal y como ha informado El País.
En la sentencia emitida el 11 de noviembre, el TSJM afirma que la Comunidad de Madrid está infringiendo la ley al no destinar el dinero en exclusiva a la mejora del servicio de bomberos. Además, el fallo declara la obligación del Ejecutivo regional de “destinar única, exclusiva e íntegramente a inversiones reales en su Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento la totalidad de los ingresos que esa Administración obtiene mediante la contribución especial”.
El mismo patrón durante un lustro
CSIT advierte de que durante un lustro se ha repetido el mismo patrón en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid: figura una partida que, posteriormente, desaparece del programa económico del Cuerpo de Bomberos. Para el sindicato de bomberos, este agujero en la inversión va en detrimento de la calidad del servicio público, “que se evidencia en un aumento de los tiempos de respuesta a los ciudadanos, deficiencias en vehículos, infraestructuras, equipos de trabajo y Equipos de Protección Individual”.
Además, alertan de que este proceder “puede llevar en última instancia al desmantelamiento del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con el riesgo de que el servicio público para intervenir en casos de emergencia se privatice o quede directamente en manos de voluntarios sin la suficiente capacitación”.
Denuncia del Sindicato de Bomberos en 2023
En 2023, el sindicato de bomberos ya denunció a la Comunidad de Madrid por desviar 40 millones de UNESPA de inversiones a gastos corrientes. El Supremo sentenció que el dinero que reciben las administraciones públicas “sólo puede dedicarse a mejorar el servicio de prevención y extinción de incendios en beneficio de los ciudadanos”, explicaron desde CSIT a través de un comunicado.
En aquel escrito, también anunciaron que llevarían el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid si no se solucionaba la situación. Además, criticaron que la situación ya se puso de manifiesto públicamente en la Asamblea de Madrid cuando se evidenció la existencia de partidas de gasto sin ejecutar, de cifras récord en convalidaciones de gasto, encargos directos a la empresa pública Tragsa, contratos de emergencia o parques que tuvieron que cerrar por falta de medios.
CSIT alertó de que ocurre a nivel nacional
En el mismo comunicado emitido en 2023, el sindicato de bomberos también registró que “la ilegalidad no es exclusiva de la Comunidad de Madrid, sino que viene sucediendo, cada vez más con frecuencia, en otros territorios como San Sebastián, Vitoria, Cantabria, Oviedo o Gijón, donde los bomberos ya han puesto el asunto en manos de la justicia”.
Precisamente el fallo del Tribunal Supremo fue ratificado el pasado 16 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, poniendo fin a un largo proceso judicial iniciado en 2015 y que condenó al consistorio de Gijón a destinar más de 1,5 millones de euros a inversiones reales que reviertan en un servicio más eficaz y seguro para los ciudadanos.
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