El Consello de Galicia ha aprobado la modificación de la Ley de salud de Galicia, que supondrá la puesta en marcha de nuevas medidas para reforzar la protección de los trabajadores de la sanidad pública y privada ante cualquier agresión.
Entre las principales novedades, Galicia se convertirá en la primera comunidad en considerar sanciones por agredir técnicos de emergencias o del 061. Así se había comprometido la Consellería de Sanidade ante las asociaciones que representan a estos trabajadores, que tienen un alto nivel de exposición al riesgo de agresiones.
La reforma prevé un sistema de sanciones económicas que van desde los 300 euros, atendiendo a faltas leves, hasta los 15.000 euros si se producen agresiones graves. El Consello ha ampliado el catálogo de infracciones para diferenciar los ataques en tres niveles.
Se considerarán faltas leves las faltas de respeto o insultos, con multas de 300 a 1.500 euros. Las faltas graves serán las amenazas, la resistencia o el ciberacoso, con sanciones de 1.500 a 3.00 euros. Por último, se considerarán faltas muy graves las agresiones físicas o la reincidencia, con multas de hasta 15.000 euros.
Se incluye la violencia digital
Como respuesta a nuevas formas de violencia, la futura ley incluirá la violencia digital ejercida por pacientes, familiares o acompañantes contra profesionales de la sanidad, además de la violencia física y verbal. El concepto se extiende para aplicarse a agresiones fuera de los recintos sanitarios con ocasión de las funciones de sus profesionales y no solo durante su propio ejercicio.
Dentro de los deberes de la ciudadanía, además del genérico deber de respeto al personal que presta sus servicios en el sistema de salud de Galicia, se incorpora el deber de respeto de su honra y prestigio profesional. En correlación con ese deber, se establece su incumplimiento como infracción sanitaria.
La reforma de la Ley incluye la modificación del capítulo de infracciones y sanciones para dar un tratamiento específico y distinto para las agresiones y demás actitudes violentas, de manera que se individualicen, tipifiquen y sancionen de manera individualizada y singularizada de acuerdo con su gravedad.
Más protección a la víctima
Otra de las novedades es que en los supuestos de infracción grave o muy grave cometida en el ámbito del Sistema público de salud de Galicia, podrán acordarse sanciones accesorias como la asignación a la persona infractora de otro profesional sanitario distinto y/o su adscripción a un centro sanitario distinto de la misma localidad, por un plazo no superior a cinco años. Como garantía y medida de protección la nueva ley prevé también la posibilidad de articular medidas de movilidad.
Grabaciones sin consentimiento
El proyecto de ley regula las grabaciones sin consentimiento en consultas, una práctica que se considerará una quiebra de la confianza y que puede llevar a que el profesional suspenda la asistencia, dejando constancia de eso en la historia clínica, quedando garantizada, en todo caso, la atención sanitaria del usuario.
En el mismo sentido, el Servizo Galego de Saúde prestará apoyo psicológico al personal agredido de la sanidad pública. Cuando así lo precise, la Asesoría Jurídica de la Xunta facilitará asesoramiento legal sobre las acciones y denuncias que quepa interponer.
El proyecto de Ley de modificación de la Ley de salud hace hincapié en la prevención e introduce medidas de formación específica como la realización de actividades conjuntas con interlocutores policiales y sanitarios. Aunque ya se están realizando formaciones en los distintos centros de trabajo, se incrementará con nuevas actividades como un curso en línea para autoformación.
Para evaluar la situación, se crea el Registro gallego de actos de violencia externa en el ámbito sanitario, en el cual se inscribirán todos los actos de violencia que resultaran sancionados. Estas modificaciones legales buscan prevenir actos de violencia externa que puedan sufrir los trabajadores de la sanidad pública que tienen como labor cuidar de la ciudadanía. Para su redacción, la Consellería de Sanidade ha tenido en cuenta numerosas aportaciones de profesionales, asociaciones y representantes de los trabajadores.
El texto será remitido al Parlamento para su tramitación y aprobación parlamentaria y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
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