El pasado 12 de junio, el sindicato LSB-USO denunció al Departamento de Salud del Gobierno Vasco por unas supuestas anomalías que presentarían los desfibriladores de las ambulancias urgentes de Bizkaia. Específicamente, ha advertido que estas herramientas sanitarias no disponen de los reductores necesarios para emplearlas con pacientes pediátricos. En ausencia de estos, los niños reciben hasta siete veces la dosis terapéutica recomendada para un peso de hasta 25 kg. Esta situación, que se debe a que, actualmente, los modelos disponibles están diseñados para adultos, lo que podría llegar a provocar la muerte.
Los modelos disponibles actualmente están diseñados para adultos, lo que podría llegar a provocar la muerte de los niños a los que se les realice una intervención con estos
El sindicato también alerta de que “algunos reductores han sido reemplazados por material de escasa fiabilidad comprado en plataformas no especializadas. Además, se están utilizando pulsioxímetros sin certificación, mascarillas laríngeas precintadas y otros elementos fundamentales en mal estado o ausentes”.
Por otro lado, LSB-USO da a conocer que el personal del transporte sanitario que ha tratado de alarmar sobre esta problemática ha recibido “advertencias y amonestaciones”. Por este motivo, el sindicato protesta contra “esta cultura del silencio y exigimos garantías de protección para quienes defienden la salud y la ética profesional”.
A continuación, compartimos las medidas que LSB-USO demanda urgentemente:
- Apertura inmediata de una investigación administrativa y judicial que evalúe responsabilidades por parte de la empresa adjudicataria y de quienes, desde la Administración, han permitido esta situación.
- Retirada inmediata de los desfibriladores no aptos para pacientes pediátricos, sustituyéndolos por equipos homologados y dotados con los reductores necesarios.
- Regularización urgente de las autorizaciones de transporte de los vehículos sanitarios en Bizkaia.
- Garantía de protección y no represalia a los trabajadores que alertan de irregularidades.
- Fiscalización pública de todo el proceso de adjudicación del próximo concurso ordinario y exclusión de empresas reincidentes en malas prácticas laborales o sanitarias.
Imagen de archivo.
