A finales de marzo de este año, la sociedad Consorci del Transport Sanitari Regió Girona se declaró en insolvencia. La empresa de transporte sanitario, que en 2006 se hizo con el contrato de transporte sanitario no urgente de Girona hasta 2015, terminó en concurso de acreedores y presentó la suspensión de pagos. Ahora, el Juzgado Mercantil número 1 de Girona ha empezado el periodo de consultas para un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a la totalidad de su plantilla, 193 trabajadores, tal y como ha informado el Diari de Catalunya.
El encargado que poner en marcha el ERE está siendo el despacho AST Concursal Law, que actúa como administrador concursal, y se encuentra en proceso de realizar las gestiones necesarias para extinguir las relaciones laborales de todos los trabajadores de la empresa. Consorci Sanitari Regió Girona llegó a generar ingresos anuales cercanos a los cinco millones de euros durante su servicio de transporte sanitario en Girona. La empresa es una filial de la compañía Tourism International Medical Services.
Destrozo de trece ambulancias y un vehículo de intervención rápida
En febrero de este año, dos trabajadores de esta misma empresa fueron detenidos después de causar graves destrozos en la flota de ambulancias en el marco de un conflicto laboral que se arrastra desde hace meses. Los daños dejaron sin servicio a más de 200 pacientes y provocaron pérdidas que la compañía estima en cerca de 400.000 euros, tal y como han informaron en aquel momento El País y El Caso.
Asalto a la base y destrozos en 14 vehículos
Los hechos ocurrieron la noche del 9 de febrero, cuando varias personas accedieron a la nave que el CTS utiliza como base en la capital gerundense. En el interior causaron importantes daños en trece ambulancias y en un vehículo de intervención rápida.
Los vehículos aparecieron con los parabrisas y retrovisores rotos, las ruedas pinchadas y varias pintadas, lo que los dejó completamente inutilizados. Como consecuencia, la actividad quedó paralizada durante dos días y no se pudieron realizar los 209 servicios programados. Además, una veintena de trabajadores no pudieron desempeñar su labor con normalidad.
Un conflicto laboral de fondo
El ataque estuvo enmarcado en un conflicto laboral motivado por la delicada situación económica de la empresa. Según informó el comité de empresa, parte de la plantilla tenía pendientes de cobro la nómina de enero, la paga extraordinaria de diciembre y, en algunos casos, cantidades atrasadas de 2024.
La dirección comunicó a los trabajadores que, ante la gravedad de la situación financiera, se había iniciado un proceso de venta que parecía inminente pero que no terminó de concretarse.
El comité de empresa, vinculado a Comisiones Obreras (CCOO), condenó los hechos en un comunicado en el que subrayó que este tipo de acciones “no benefician a nadie” y perjudican un servicio esencial como el transporte sanitario. Asimismo, recalcó que los trabajadores son los primeros interesados en preservar el buen estado del material y los vehículos, al tiempo que anunció que se han iniciado reclamaciones legales para exigir el pago de las cantidades adeudadas.
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