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Un repaso a los principales acontecimientos del último trimestre dentro del sector de los servicios móviles de emergencias.

Ni el crítico más recalcitrante de nuestro sistema de transporte sanitario puede negar que en las últimas décadas este ha dado pasos de gigante, poniéndose a la altura de –y muchas veces por sobre– las más exigentes normativas. Este proceso de profesionalización, forjado con voluntad política y esfuerzo empresarial (incluyendo por supuesto a los miles de trabajadores que han participado de él), podría ser motivo de enorme orgullo. Por eso da tanta rabia que un sistema llamado a la grandeza se vea permanentemente lastrado por intereses que poco tienen que ver con la atención a los pacientes.

Nuestro sistema es complejo, de eso tampoco cabe duda. La existencia de distintos modelos de gestión a veces impone delicados equilibrios entre el sector público y el privado, amenazados continuamente por diferencias de criterio, de administración, de colores… Lo que debiera ser complementario se convierte fácilmente en antagónico. Y aunque la tarta es grande nunca parece haber para todos. Zancadillas en forma de ofertas a la baja, recursos, informes contra la competencia… Como si no estuvieran las cosas lo suficientemente complicadas fuera, vamos y nos hacemos la guerra en casa. Enemigos, en lugar de compañeros de batalla.

La situación en la Comunidad Valenciana es paradigmática. Lejos de calmar las aguas, el actual gobierno ha visto acrecentarse las críticas –que ellos mismos hacían hace un par de años desde la oposición– por el tema de las adjudicaciones de transporte sanitario, un proceso en el que ha intervenido hasta la propia UE. Tantos ires y venires, polémica, análisis, revisión e impugnación para terminar igual, con prácticamente las mismas empresas recibiendo la mejor puntuación en el nuevo concurso. Y ese ‘igual’ es generoso, ya que estamos dejando de lado los retrasos, mermas en el servicio, gastos administrativos e inconvenientes varios que ha generado este engorroso proceso. Por no hablar del transporte sanitario extremeño, otro campo de batalla que nos mantuvo en vilo este verano.

Lo más triste de todo esto no es la posibilidad de que esta situación se mantenga en un permanente estado de crispación, sin evolucionar. No, el peligro es otro: Que se vuelva tan insostenible que terminemos enviando al garete esa complementariedad entre lo público y lo privado que (miserias aparte) cuenta con indudables ventajas que enriquecen el sistema.

No queremos ser alarmistas, pero las alarmas llevan ya tiempo sonando. Volviendo a tierras valencianas, la consejera Carmen Montón ha expresado en más de una ocasión su interés por “publificar la sanidad de la Comunidad”, si bien matizando que “defender lo público no es atacar lo privado”. Más allá ha ido el Gobierno de Navarra, que ha presentado al Parlamento una propuesta para que el Departamento de Salud asuma en 2018 la gestión de todas las ambulancias de soporte vital avanzado. Y no seguimos porque el papel, al igual que la paciencia, tiene un límite. A diferencia de los beneficios de un sistema colaborativo.

Lo que no parece tener límites, volviendo al principio, es la profesionalidad y el espíritu de entrega de quienes se dedican al transporte sanitario. En esta ocasión la mención es para el SEM, a quien el Parlament ha concedido la medalla de honor de este año (junto a los Mossos d'Esquadra, la guardia urbana de Barcelona y la policía local de Cambrils) en reconocimiento a su "esfuerzo" y "valentía" ante los atentados de Cataluña. Para ellos van nuestras últimas y escasas líneas, junto con nuestro agradecimiento… esta vez sin concesiones.

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