Los trabajadores de la ambulancia de la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat han denunciado que llevan tres meses sin cobrar las nóminas, una situación que califican como “insostenible”. El motivo se debe a que la empresa adjudicataria del servicio de ambulancias, Consorci de Transport Sanitari de Girona, “ha caído en una crisis económica severa con cuentas embargadas y enfrenta múltiples denuncias por impago a trabajadores”.
A través de una recogida de firmas en change.org, los profesionales explican que, a pesar de que “sus cuentas bancarias están en números rojos, continúan brindando asistencia sanitaria urgente a los ciudadanos de L’Hospitalet con dedicación y profesionalidad. Sin embargo, este sacrificio y compromiso no pueden prolongarse sin el sustento económico correspondiente”.
El servicio de la ambulancia de la Guardia Urbana está activo durante las 24 horas del día, y está formado por una plantilla de nueve profesionales, con una deuda acumulada de 7.000 euros por TES. Por todo lo anterior, los trabajadores piden al Ayuntamiento de L’Hospitalet “que intervenga de inmediato y tome medidas efectivas contra el CTSG para garantizar el pago de nuestros salarios atrasados”. Así, urgen a que el ejecutivo se comprometa con la salud financiera de sus trabajadores y busque alternativas para proteger sus derechos laborales básicos.
Respuesta del Ayuntamiento
Tras la denuncia de los TES, el ejecutivo local se reunió con la empresa a cargo de la ambulancia municipal el 4 de marzo. Según explican fuentes municipales, la compañía afirma que están contemplando la posibilidad de que una empresa más grande compre el servicio y asuma la deuda. Por su parte, Jesús Husillos, primer teniente alcalde de Barcelonés, afirma que la prioridad es que “estos trabajadores empiezan a percibir lo que les corresponde por el trabajo que hacen», tal y como ha informado El periódico.
El Ayuntamiento estudia la posibilidad de que el Sistema d’Emergències Mèdiques asuma el servicio de la Guardia Urbana. Asimismo, los TES reclaman que la autoridad local apruebe un concurso de emergencia para que otra empresa pueda asumir el servicio. Ante esto, Husillos explica que “no existe espacio para celebrar ningún tipo de contrato alternativo». «La legalidad no lo permite”. Y añade: “Yo entiendo los planteamientos que hacen, las inquietudes que tienen, pero legalmente esta posibilidad no es viable, de acuerdo con nuestros servicios jurídicos y con el equipo de contratación del ayuntamiento», explica.
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