Se cumplen más de doscientos diez días desde que comenzó la huelga de las brigadas forestales de la Comunidad de Madrid por la mejora de sus condiciones laborales. En el marco de la reivindicación, el Comité de Seguridad y Salud de los Bomberos Forestales ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el incumplimiento de la prevención de riesgos laborales, tal y como ha informado Cadena SER.
Concretamente, hay deficiencias en 17 de las 25 bases que componen la red de la Comunidad de Madrid. Los profesionales denuncian que la ropa contaminada se lava en las mismas instalaciones donde preparan y consumen alimentos, descansan o esperan entre intervención e intervención. Las bases incumplen la legislación de riesgos laborales establecidas en tres decretos:
- Incumplimiento del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Incumplimiento del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención (artículos 3, 4, 5 y 6).
- Incumplimiento del Real Decreto 665/1997, sobre la protección frente a la exposición a agentes cancerígenos.
Exposición a agentes cancerígenos
El incumplimiento del último decreto resulta especialmente grave: Jesús Molina, bombero forestal y miembro del Comité de Empresa, explica que no se cumple la normativa frente a agentes cancerígenos. Cuando los bomberos vuelven de una intervención con el traje contaminado, los EPIs deberían poder dejarse en una zona especial para poder lavarlos. Además, las bases de la Comunidad de Madrid “llevan veinte años de abandono y dejadez institucional”, sin que la empresa gestora del servicio, Tragsa, o el Ejecutivo Autonómico hayan intervenido para para adecuar las bases a la normativa de riesgos laborales. Por todo lo anterior, los bomberos piden que “se abra un espacio en el que poder discutir y mejorar las condiciones de las bases, que ponen en peligro a los profesionales y que pueden llegar a provocar una enfermedad muy grave a los agentes por la exposición a agentes cancerígenos”.
Ante esto, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior afirma que Tragsa, como empresa pública empleadora, está obligada a garantizar la seguridad y la salud de su plantilla. Por eso, no debe permanecer inmóvil ante la denuncia de incumplimientos tan graves de la normativa en prevención de riesgos laborales.
Por su parte, Tragsa asegura que no ha recibido ningún aviso para revisar las bases y defiende que, si les llegara la notificación, “naturalmente la atenderían”. Además, explican que, de necesitarse cambios en los centros de trabajo, tendrían que notificarlo a la administración titular: la Comunidad de Madrid.
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