Este 2025, los incendios forestales han arrasado un total de 353.151,82 hectáreas en nuestro país, según los últimos informes actualizados el 12 de octubre. Esto es un 3,7 más que la media de la última década, tal y como recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Se trata del peor año en materia de incendios forestales en años, con récord en superficie perdida por las llamas y en el número de grandes incendios. El 2025 acumula el mayor número de superficie quemada del siglo XXI: no hay datos equiparables desde 1994, cuando se incendiaron 437.607 hectáreas.
La campaña ya acumula 8 víctimas mortales, de las cuales tres son bomberos forestales y cinco corresponden a personal voluntario. Además, ha habido multitud de heridos, tanto profesionales como personas vinculadas a la ayuda en tareas extinción del fuego. En la actualidad, algunos continúan en estado crítico, mientas otros tendrán secuelas para el resto de sus vidas.
Respecto a las pérdidas materiales, sólo en Castilla y León se han registrado 235 inmuebles afectados durante julio y agosto. Más de cuarenta son viviendas habilitadas y se han visto afectados otros veinte inmuebles en desuso, así como 155 construcciones como almacenes, naves o corrales y dieciocho naves industriales y agrícolas.
Resulta preocupante que la gran mayoría de hectáreas quemadas, con un 97%, en Castilla y León, Galicia y Extremadura. La alta concentración de incendios en estas comunidades autónomas ha generado la pérdida de 143.628 hectáreas en Galicia, 141.264 en Castilla y León y 41.525 en Extremadura. Atendiendo a la naturaleza de los fuegos, se han generado un total de 60 grandes incendios forestales, es decir, aquellos que acumulan más de 500 hectáreas.
De estas hectáreas, 146.190 están dentro de la Red Natura 2000, diseñada por la Comisión Europea para la protección y conservación de la biodiversidad de la Unión Europea. Si hablamos de especies en peligro de extinción, vulnerables o en algún régimen de protección, las zonas afectadas son amplias. Hay áreas críticas para más de 350 especies como el lince, el oso pardo, el urogallo o la cigüeña negra. Además, el curso del agua y todo lo que conlleva también se verá afectado con el inicio de las primeras lluvias. La calidad de este recurso imprescindible descenderá, afectando a la biodiversidad de los ríos y a las captaciones de los pueblos y ciudades rio abajo.
Un nuevo tipo de incendio más destructivo
El año 2025 quedará registrado como uno de los periodos más duros para los montes españoles. Aunque las cifras son alarmantes, no ha sido el ejercicio con mayor número de incendios. Hasta finales de septiembre se contabilizaron 7.118 siniestros, entre ellos 2.221 conatos que no alcanzaron una hectárea. En contraste, en 2017 se registraron 11.561 incendios, en su mayoría de menor tamaño. Esta comparación revela una tendencia cada vez más evidente: se producen menos fuegos, pero los pocos que escapan al ataque inicial se vuelven mucho más destructivos.
La propagación acelerada se explica por la combinación de episodios meteorológicos extremos, temperaturas anómalamente altas, sequías prolongadas y vientos muy intensos, junto al abandono de las áreas rurales, donde la vegetación acumulada actúa como un combustible listo para arder. De las superficies quemadas notificadas por las comunidades autónomas, 151.475,45 hectáreas pertenecían a matorrales y montes abiertos. La masa arbolada ha perdido 83.679,53 hectáreas y 46.008,68 pertenecían a pastos y dehesas, imprescindibles para la ganadería extensiva.
El MITECO ha subrayado que este escenario evidencia la necesidad de rediseñar las políticas de prevención para adaptarlas a un clima más cálido y seco, donde los incendios pueden expandirse a gran velocidad. El 2025 ha tenido un verano dominado por olas de calor persistentes, escasez de lluvias y fuertes rachas de viento en el interior peninsular. Como resultado, surgieron incendios de comportamiento explosivo, difíciles de contener incluso con un amplio despliegue de medios aéreos, con miles de hectáreas arrasadas en apenas unas horas.
En este contexto, la Unidad Militar de Emergencias asumió un papel central en la lucha contra el fuego. Datos del Ministerio del Interior indican que la UME actuó en la mayoría de los grandes incendios del año, tras ser activada por el CENEM. En julio, el Ministerio de Defensa llegó a informar de intervenciones simultáneas en tres siniestros de importancia en distintas autonomías, entre ellas Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana. Su presencia fue determinante en operaciones como las de Jarilla, en Cáceres, y Teresa de Cofrentes, en Valencia, donde trabajó codo a codo con los servicios regionales.
Los especialistas insisten en que lo vivido en 2025 no es un hecho excepcional, sino la continuidad de un patrón que se intensifica a causa del cambio climático y de la falta de gestión forestal. Por ello, el Gobierno ha fortalecido el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Incendios Forestales, destinando 115,8 millones de euros a la campaña de 2025. Paralelamente, algunas regiones han incrementado sus propios presupuestos: Asturias, por ejemplo, anunció una inversión récord de 95 millones de euros para reforzar la prevención y la gestión forestal. En suma, aunque el número de incendios haya sido menor que en años anteriores, su intensidad y virulencia han convertido este año en un punto de inflexión para la política forestal española.
El Gobierno salda la deuda con los bomberos forestales
El 17 de septiembre, El Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un Real Decreto que reconoce coeficientes reductores de la edad de jubilación a los bomberos forestales.
Con la aprobación de este Real Decreto se mejora la protección de cara a la jubilación de este colectivo, como consecuencia de la naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre del trabajo realizado. Esta medida parte de la Ley de Bomberos Forestales, aprobado por la Cortes Generales en 2024, como marco de regulación básico para este colectivo con la finalidad de homogeneizar sus funciones y condiciones a nivel nacional. La tramitación de este proyecto comenzó el pasado mes de abril, antes de la devastadora ola de incendios de este verano, y finaliza tras haber recibido el 12 de septiembre el informe favorable del Consejo de Estado.
En palabras de Elma Sainz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “los duros y dolorosos acontecimientos del pasado verano durante los incendios forestales han evidenciado que un sistema público fuerte es lo que salva, protege y une, y que España necesita un cuerpo de bomberos fuerte, estable y protegido”. Por ello, el Gobierno “salda una deuda con el colectivo, equiparando las condiciones de su jubilación al resto de bomberos, que ya contaban con estos coeficientes reductores desde 2008, dada la dureza del trabajo que desempeñan”, explicó Sainz.
Coeficientes reductores
A partir de la entrada en vigor de este texto, el coeficiente especifico reductor del colectivo de bomberos forestales será el mismo que el que se aplica al servicio de administraciones u organismos públicos: un 0,20, siempre y cuando la persona acredite un período mínimo de cotización de 15 años bajo la condición de bombero forestal.
Es decir, el profesional que acredite el mínimo de cotización verá reducida su edad de acceso a la jubilación en 3 años. Esto es el resultado de aplicar a los 15 años que ha estado ejerciendo esta profesión, el coeficiente reductor del 0,20.
No obstante, el bombero forestal podrá anticipar el acceso a la jubilación hasta un máximo de 5 años de lo que le correspondería a su edad ordinaria de jubilación. Es decir, un trabajador que pudiese jubilarse a los 65 años, como máximo podrá anticipar su edad de jubilación a 60 años. A modo de excepción, se podrá anticipar hasta 6 años en el caso de quienes acrediten un periodo de cotización de 35 años de actividad como bombero forestal.
El período de tiempo en el que se reduzca la edad de jubilación se computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora que sirve para calcular el importe de la pensión. A su vez, y a fin de mantener el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social, se aplicará una cotización adicional.
En palabras de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la aprobación del Real Decreto se debe a que son conscientes de “la voracidad de las llamas y la crudeza de las circunstancias en las que trabajan los bomberos forestales. La aprobación en Consejos de Ministros de estos coeficientes reductores de cara a su jubilación es un paso más en el reconocimiento a su labor y, sobre todo, a la especial dureza de su trabajo”.
Efectos nocivos en la salud de los trabajadores
La Asociación Internacional de Bomberos (IAFF, por sus siglas en inglés) advierte sobre los efectos nocivos que tiene el humo en la salud de los trabajadores de la prevención y extinción de incendios. En 2022 alertó de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo encargado de la investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reevaluó la actividad de los bomberos y su exposición laboral como un carcinógeno del Grupo 1, afirmando así que existen pruebas suficientes de que las tareas a las que se enfrentan producen cáncer en los seres humanos.
Esta clasificación supone un cambio radical en la postura de la IARC sobre el cáncer ocupacional en bomberos, tras lo que se debería reforzar la lucha contra la enfermedad, la investigación científica y las leyes publicadas al respecto. El pronóstico es claro: la IARC concluye que “la exposición ocupacional como bombero causa cáncer”. Concretamente, la agencia internacional encontró evidencias suficientes suficiente de cáncer en humanos para el mesotelioma y el cáncer de vejiga, además de síntomas para otros tipos de cáncer.
Durante décadas, la IARC había clasificado la exposición laboral de los bomberos como Grupo 2B, es decir, posiblemente carcinógena. La nueva clasificación, Grupo 1, sitúa ahora la actividad de bombero al mismo nivel que el tabaco y el benceno. La clasificación del trabajo de los profesionales en el Grupo 1 llega tras 20 años de esfuerzo de la IAFF para obtener el apoyo de la IARC.
Una de las figuras clave en la investigación en Alex Forrest, único bombero y profesional no médico miembro de la Asociación Internacional de Bomberos. Sobre su experiencia, Forrest relata: “Tuve que dejar de lado mi faceta de bombero y adoptar la de profesional sanitario para hacer todo lo posible por convencer al Grupo de Trabajo de que cambiara la clasificación. Es un momento realmente trágico, sabiendo con certeza que hemos estado trabajando en condiciones tan peligrosas. Pero también es un momento histórico, porque no podemos solucionar un problema hasta que todos estemos de acuerdo en que existe”.
Forrest afirma que, con el tiempo, la nueva clasificación de la IARC hará que la labor de bombero sea más segura, ya que ahora existe un consenso médico formal sobre el cáncer ocupacional en este ámbito. Por su parte, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer reveló en 2023 que la exposición laboral de los bomberos es cancerígena y provoca cáncer de vejiga y de mesotelio, la membrana que recubre el tórax, el corazón y los órganos reproductivos internos.
Oleada de manifestaciones en España
Con motivo de todo lo anterior, bomberos forestales de toda España han llevado a cabo diversas movilizaciones tras la oleada de incendios forestales. Los profesionales han denunciado en varias ocasiones, a través de huelgas, manifestaciones y concentraciones frente a sedes institucionales la precariedad que afecta a su labor diaria. Entre las principales demandas se encuentra el reconocimiento formal como cuerpo de bomberos forestales, lo que permitiría equiparar sus condiciones laborales y su estatus a los de otros servicios de emergencia.
También reclaman mejoras salariales, ya que muchos profesionales reciben remuneraciones próximas al salario mínimo pese a la elevada peligrosidad de su trabajo. A esto se suma la necesidad de una mayor estabilidad laboral, dado que una parte importante de los contratos es temporal o de temporada, mientras los expertos insisten en que la prevención de incendios debe abordarse durante todo el año.
Además, denuncian condiciones laborales que consideran abusivas y el recorte de personal, factores que, según explican, dificultan una actuación eficaz y segura en la extinción de incendios. Aunque existe una Ley Básica de Bomberos Forestales, critican que las administraciones autonómicas y estatales no la están aplicando de manera efectiva.
En regiones como Galicia también se han registrado movilizaciones por la gestión del servicio, en las que se reclama un modelo plenamente público y se cuestiona la externalización de determinadas funciones. En conjunto, el colectivo denuncia un prolongado “maltrato institucional”, reflejo de años de precariedad y falta de inversión, que ha desembocado en un amplio movimiento de protestas a nivel nacional y regional.
En septiembre de este año, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 25 de agosto, protagonizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda. El objetivo de la movilización fue exigir a la empresa pública Tragsa, concesionaria del servicio, que se siente a negociar un nuevo convenio colectivo que recoja mejoras salariales y laborales para el colectivo.
Los sindicatos recuerdan que los bomberos forestales de Madrid desempeñan un papel clave en la lucha contra los incendios forestales, especialmente en campañas cada vez más largas e intensas. Sin embargo, denuncian que sus condiciones laborales y salariales se mantienen congeladas, sin reconocer la peligrosidad y exigencia física de su trabajo. Los trabajadores reclaman un convenio de empresa específico, que permita salir de la actual situación de bloqueo y dignifique la profesión. En este sentido, señalan que la negativa de la compañía pública a negociar contrasta con el reconocimiento social y político que reciben los brigadistas cada verano.
Concentración en las Cortes de Castilla y León
En septiembre de este año, alrededor de 3.000 profesionales se reunieron en una concentración estatal en Valladolid que concluyó en las Cortes de Castilla y León para exigir la equiparación de las condiciones laborales y retributivas de todos los bomberos forestales del país y reclamar una política de incendios forestales eficaz. Los sindicatos denuncian que la Junta de Castilla y León mantiene un dispositivo “precario y desigual”, con personal contratado de manera directa y otro subcontratado a empresas privadas, lo que genera diferencias de derechos y condiciones laborales.
Critican la falta de inversión, la carencia de medios adecuados y el incumplimiento de la Ley 5/2024, que debería haber consolidado la figura del bombero forestal en toda la comunidad. “Aquí no hay bomberos forestales: hay peones, mangueristas o conductores. Pero no bomberos, y el nombre importa porque implica derechos y enfermedades laborales asociadas”, explican los responsables de UGT. “Estamos viviendo una nueva tipología de incendios que nunca habíamos vivido. No podemos tener un equipo del siglo XIX para cubrir incendios del siglo XXI”, denuncian.
Desde el sindicato advierten de que 2025 ya es el peor año del siglo XXI en materia de incendios forestales, con 400.000 hectáreas arrasadas y la pérdida de ocho vidas en tareas de extinción, lo que consideran “una muestra dramática” de la urgencia de cambios estructurales. Con esta movilización, los sindicatos buscan presionar para que se refuerce el dispositivo de prevención y extinción, se garantice estabilidad en el empleo y se ponga fin a la precariedad que, según denuncian, “también mata”.
