La Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) ha manifestado en un comunicado que el sector del transporte sanitario está “en grave riesgo ante la posible reducción de jornada”. Y es que, las cuentas auditadas y depositadas en el Registro Mercantil de 2022 y 2023, correspondientes a las principales empresas de ambulancias del sector, recogen que la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales, sin una actualización de los marcos contractuales actuales, supondría un notable y nefasto impacto económico.
Tras analizar los datos del registro, se extraen las siguientes conclusiones:
- Los costes de personal representan, de media, un 70 % de la facturación en el sector, aunque ascienden, en algunos casos, al 84,5 %.
- La reducción de jornada supondría un aumento del 6,7 % en el coste por hora trabajada y un incremento adicional de gastos por repercusión de indirectos y medios de apoyo.
- Si se mantienen las condiciones económicas actuales de los contratos, este incremento reduciría los márgenes de explotación en, al menos, 4,7 puntos porcentuales, situando las cuentas de resultados en pérdidas cercanas al 3 %.
Este escenario, aseguran, supondría una amenaza directa a la sostenibilidad de las empresas, con graves consecuencias sobre el mantenimiento del empleo, la calidad de la asistencia y la garantía de un servicio esencial para el sistema sanitario.
La aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales supondría un nefasto impacto económico
Posicionamiento de ANEA
A continuación, transmitimos la postura de ANEA:
<<Desde ANEA queremos expresar nuestro firme compromiso con la mejora de las condiciones laborales de nuestras plantillas y con la prestación de un servicio público de transporte sanitario de calidad, seguro y sostenible. Por ello, consideramos que una medida como la reducción de jornada solo podría aplicarse de forma viable si viene acompañada de la vinculación inmediata de los precios de los contratos públicos a dichos incrementos de coste, trasladándolos automáticamente, y de un calendario de aplicación transitorio y flexible, que proporcione el tiempo necesario al sector para adaptarse progresivamente, sin poner en riesgo el servicio ni el empleo.
En este contexto, reiteramos la importancia de que este debate se traslade al ámbito del diálogo social y la negociación colectiva, donde puedan explorarse soluciones equilibradas que atiendan, tanto al bienestar de los profesionales, como a la sostenibilidad del servicio que prestamos a la ciudadanía>>.
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