El Parlamento Europeo debate la aplicación de la Ley contra la deforestación

La Ley contra la deforestación obligará a las empresas a garantizar que sus productos no han provocado deforestación ni degradación forestal.

La Unión Europea aprobó en abril de 2023 una nueva normativa para combatir el cambio climático y la pérdida de flora mediante la prevención de la deforestación. La aplicación de la ley debería comenzar a aplicarse el próximo 30 de diciembre. Sin embargo, ahora la UE duda si aplazar su implantación.

La Ley contra la deforestación busca cerrar el mercado de la UE a productos procedentes de tierras deforestadas. En resumen, obliga a las empresas a garantizar que sus productos no han provocado deforestación ni degradación forestal. Hoy, los eurodiputados deberán decidir sobre el aplazamiento y sobre varias enmiendas propuestas por los grupos políticos, entre ellas la creación de una nueva categoría de países que no plantean “ningún riesgo” para la deforestación, que serían sometidos a menos exigencias.

Los expertos coinciden en que los incendios forestales descontrolados se dan, principalmente, debido a la deforestación, un uso irresponsable de los recursos de la naturaleza y al cambio climático. Todo ello desemboca en una reacción en cadena que alimenta a partes iguales a la proliferación del fuego y a la pérdida de los bosques.

Los incendios forestales descontrolados se dan, principalmente, debido a la deforestación, un uso irresponsable de los recursos de la naturaleza y al cambio climático.

Con la vigencia de esta normativa, la Comisión Europea clasificará los países como de bajo, medio o alto riesgo a través de una evaluación objetiva. Los productos procedentes de países de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado de diligencia debida. La proporción de controles que se realizarán a los operadores dependerá del nivel de riesgo del país: 9% para los países de alto riesgo, 3% para los de riesgo medio y 1% para los de bajo riesgo.

Las autoridades competentes de la UE tendrán acceso a la información pertinente facilitada por las empresas, como las coordenadas de geolocalización, y realizarán controles con ayuda de herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos.

La decisión de redactar esta ley nació tras la información aportada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que estimó que, entre 1990 y 2020, se perdió una superficie de bosque mayor que la de la UE. Y es que, el consumo de la UE representa alrededor del 10% de la deforestación mundial.

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