Como fabricantes mascarillas y cualquier otro tipo de Equipo de Protección Individual, las empresas condenan cualquier operación comercial que hay afectado al interés general durante la pandemia.

Durante las últimas semanas, la adquisición de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid en el momento más álgido de la pandemia y las comisiones millonarias que obtuvieron Luis Medina y Alberto Luceño han inundado los titulares en la prensa. La realidad, advierten desde ASEPAL, es que el bombardeo informativo podría afectar al esfuerzo que hace la industria española de la protección.

Como fabricantes de mascarillas o cualquier otro tipo de Equipo de Protección Individual, las empresas asociadas a ASEPAL cumplen de forma exigente las normas junto a las autoridades europeas, nacionales y autonómicas. La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual no sólo toma distancia con el problema de las mascarillas de la Comunidad de Madrid, sino que condena cualquier operación comercial que pueda haber perjudicado al interés general durante la pandemia.

El responsable técnico de ASEPAL, Javier Díaz, señala que “desde la asociación se hizo un esfuerzo notable para que todas las manos que se ofrecieron a ayudar tuvieran muy claro qué requisitos tenían que cumplir y las condiciones en las que se tenían que comercializar”. “Los últimos casos difundidos en prensa señalando enriquecimientos ilícitos y con productos no conformes son especialmente dolorosos para nuestra Asociación. Las empresas de EPI nos jugamos relaciones comerciales, nuestro dinero y en algunos casos hasta nuestra salud para dar prioridad en atender al personal sanitario y a todos los trabajadores clave”, apuntan desde la Junta Directiva de la asociación.

La entidad está particularmente preocupada por las informaciones que hacen referencia a la posible no conformidad técnica de los productos que se introdujeron en el mercado español como por el afán de lucro y la falta de control que se afirman indiscriminadamente. Desde la Junta Directiva de ASEPAL piden que los escándalos actuales se limiten a empresas y acciones bien delimitadas y no generen desconfianza hacia el sector en general.

“Es imprescindible que nadie se confunda hoy ni en lo que pueda venir: solo una mascarilla con el certificado CE y con ajuste total a la persona usuaria es una protección respiratoria eficaz, y lo mismo con cualquier otro tipo de EPI. En ASEPAL no entra ninguna empresa con productos que incumplan las normativas”, señala Díaz. 

Sobre los precios no guarda la asociación un registro de datos verificable, pero el responsable técnico recuerda que “los precios FOB [el de la mercancía llegada a puerto español] se multiplicaron por diez, y aun así no se explicarían los precios que se rumorea que algunas administraciones llegaron a pagar, al menos no se parecen a los precios que nuestros asociados estaban contratando”.

“La relación del sector del EPI con las administraciones públicas siempre se ha encuadrado en el respeto absoluto a las normativas vigentes”, reiteran desde la Junta Directiva.  Juan Pedro Barrios, vicepresidente de la entidad, aclara: “Nos gustaría que las autoridades nacionales y autonómicas de Consumo fueran a puntos de venta, tomaran muestras y determinaran si algún producto no cumple la normativa vigente para evitar su comercialización”.