Ante la gravísima falta de médicos en estos servicios y el derecho de los pacientes a recibir una atención segura y de calidad en los mismos, en grave riesgo en la actualidad y en el futuro.

El Consejo de Dirección de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, que agrupa a las Federaciones Autonómicas que componen la Sociedad Científica, además de la Junta Directiva, junto a los responsables y profesionales que atienden y gestionan estos servicios a nivel de toda España han lanzado un comunicado que dicta así:

La atención sanitaria urgente en España supone un volumen importante en el conjunto de prestaciones que el Sistema Sanitario pone a disposición del ciudadano. En el año 2018 casi 28 millones de consultas en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) y varios millones más de asistencias llevadas a cabo por los Sistemas de Emergencias Médicas (SEM).

Esta prestación se debe producir y se produce las 24 horas, los 7 días de la semana, y los 365 días del año, lo que implica la compatibilización de las necesidades de atención de los ciudadanos y los derechos de los profesionales. Este hecho no se produce casi en ninguna otra profesión de médico, y ha ocurrido, hasta ahora, sin ningún tipo de reconocimiento ni horizonte profesional, al no existir esta especialidad médica en nuestro país, en contra de lo recogido en la legislación vigente.

Es notoria la repercusión que tienen en medios de comunicación las constantes noticias referentes a distorsiones de funcionamiento de estos servicios, con imágenes que atentan a la dignidad de los pacientes en prácticamente todas las Comunidades autónomas. Junto a ello es también conocido el imprescindible papel de estos profesionales y servicios en patologías tiempo-dependientes como el Ictus, la Parada Cardiaca, el Infarto o los accidentes de Tráfico, entre otros; así como su decisiva e imprescindible participación en situaciones de catástrofes e incidentes de múltiples víctimas, como los atentados terroristas.

Por todo ello a nivel mundial es aceptado y así ocurre que es un Servicio Público Esencial dentro del resto de prestaciones de cualquier Sistema Sanitario, y para lo que es imprescindible una formación reglada, que dé satisfacción a éstas, además de otras muchas necesidades.

La legislación española, en convergencia con lo contenido en la normativa europea, recoge claramente como debe ser esta formación de 5 años, sin que se haya producido esta decisión por parte de los responsables de los diferentes Ministerios de Sanidad hasta el día de hoy. Existe un amplísimo e incuestionable consenso en la sociedad española sobre esta necesidad, tanto a nivel social, profesional, institucional, administrativo y político. Los aquí firmantes han seguido tenazmente todos los instrumentos posibles que proporciona el Estado de Derecho, durante más de 30 años.

Si ya era un grave problema la absoluta inexistencia de perfiles profesionales que puedan dedicarse a esta especialidad con un mínimo de garantías formativas, al no existir esta regulación este vacío legal ha originado que no haya profesionales para dar cobertura en estos servicios, formados o no, y ya se están produciendo cierres de prestaciones en numerosos lugares por esta razón, siendo frecuente la sobrecarga de muchos profesionales y su consecuente repercusión en la atención a los ciudadanos. Y esto va a ir a peor.

Entendemos muchas de las reclamaciones que se vienen produciendo en otros colectivos, pero los profesionales de Urgencias y Emergencias dan cobertura como únicos dispositivos asistenciales prácticamente dos tercios del tiempo del periodo de atención sanitaria a la población. Eso incluye mañanas, tardes, noches, festivos, puentes y similares. Sin recambio de profesionales con una formación adecuada vía Especialidad MIR, esto NO va ser posible realizarlo.

Todo esto lo conocen los responsables políticos que gestionan el día a día de la sanidad de todas las Comunidades, y así se lo han trasladado a los anteriores y actuales responsables del Ministerio de Sanidad, como desde hace ya demasiados años, ha venido haciendo este colectivo. El Ministerio de Sanidad es el máximo responsable de este vacío formativo, sin entrar en las razones más que oscuras por las que ocurre. Por ello también lo es de las consecuencias que ha venido teniendo y va tener, especialmente en la población española.

A pesar de toda la evidencia existente en el ámbito social, profesional, administrativo, jurídico y político, parece que en España lo único que funciona es la movilización o recurrir a la vía judicial. Es paradójico. Nuestra especialidad no reconocida es muy vocacional. A pesar de su frecuente dureza, apasiona. Y eso marca personalidad. Tenemos muy arraigado en nuestro interior que salvamos vidas, como hecho frecuente y tangible, con comprobación inmediata. Esa misma responsabilidad es la que nos ha permitido mantener nuestra propia disciplina de autoformación y el crecimiento y sostenimiento del Sistema de Urgencias y Emergencias en España. Por ello los urgenciólogos/emergenciólogos tenemos un fuerte arraigo y popularidad entre la población española. Eso lo apreciamos, nos estimula y no queremos perderlo. Lo que ahora anunciamos únicamente persigue garantizar su seguridad y la calidad de la actuación de su problema por profesionales formados. Es por ellos mismos.

Por todo ello, desde SEMES anuncian:
- Iniciamos una etapa de reivindicación permanente, hasta que se cree la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en la vía civil en España.
- Nos adherimos a la Manifestación de protesta convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos del día 7 de marzo.
- Eso se va a traducir también en jornadas de Paros Selectivos de 24 horas en todos los Servicios de Urgencias y Emergencias de toda España, que iremos anunciando.
- Así mismo, en campañas de sensibilización y comunicación a la ciudadanía. No se reclama más dinero, sólo el reconocimiento regulado por la Ley española, como única garantía de seguridad a la propia población.
- El inicio de los trámites para sendos recursos en la Vía Contenciosa Administrativa, contra el Gobierno de la Nación, ante los tribunales españoles y contra el Reino de España, ante a la Comisión Europea, por vulneración sistemática de derechos fundamentales, en representación de todos aquellos profesionales que lo deseen.